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El Pleno del Cabildo de Fuerteventura reitera el apoyo al derecho que tiene reconocido el pueblo saharaui a la Autodeterminación

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Fuerteventuura, 31 de Marzo, 2017(SPS)-.  El Cabildo de Fuerteventura ha reiterado  el apoyo al derecho que tiene reconocido el Pueblo Saharaui a la Autodeterminación en  una moción institucional de solidaridad con el pueblo saharaui  aprobada por  el Pleno del Cabildo el 20 de marzo de 2017.
 
CABILDO DE FUERTEVENTURA
 
MOCIÓN INSTITUCIONAL DE SOLIDARIDAD  CON EL PUEBLO SAHARAUI
 Exposición de motivos
Se han cumplido ya 55 años de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. La Organización de las Naciones Unidas cumple 71 años, y han transcurrido 41 desde el abandono por parte de España del Sahara Occidental, siendo en la actualidad un territorio No Autónomo pendiente de descolonización, sometido además a una ocupación ilegal por parte de Marruecos.
 
Corresponde a las Naciones Unidas y a sus Estados miembros la responsabilidad principal en materia de descolonización, y al Consejo de Seguridad la máxima responsabilidad en la búsqueda de una solución justa y definitiva, acorde con la Carta fundacional de las Naciones Unidas y las múltiples resoluciones en las que el Pueblo Saharaui tiene reconocido el derecho a la autodeterminación.
 
La situación se ha agravado extraordinariamente a partir del mes de agosto de 2016 cuando una unidad militar marroquí atravesó el muro en la zona de El Guerguerat, al sur del Sahara Occidental, vulnerando el alto el fuego y provocando que tanto el Frente Polisario como el ejército mauritano hayan desplegado en la misma zona sendas unidades militares, creándose una situación de máxima tensión.
 
Existe en estos momentos una enorme preocupación por la violación de los Derechos Humanos en el Sahara Occidental, expresada en las resoluciones de la ONU, al igual que en los informes del Relator de Naciones Unidas contra la Tortura y las reiteradas denuncias de las delegaciones de observadores internacionales que han visitado los Territorios Ocupados del Sahara Occidental. Esta situación crea un clima de represión y de intimidación sobre la población saharaui, que sufre todo tipo de vulneraciones en sus derechos políticos, sociales y económicos, las torturas, las detenciones ilegales, los juicios sin garantía, las condenas injustas, la prohibición de la presencia de observadores de Derechos Humanos en el Territorio, están creando un clima de violencia que sólo consigue agravar la situación, Especialmente grave ha sido el juicio militar contra 25 activistas saharauis del Campamento de Gdaym-izik con condenas a cadena perpetua, y a 30, 25, y 20 años de prisión, vulnerándose las mínimas garantías procesales de los detenidos y denunciándose las torturas y la ausencia de pruebas, como han informado los observadores internacionales presentes en el juicio.
 
Todo ello se ha evidenciado en la estimación del recurso de casación que ha declarado nulas las sentencias del Tribunal MILITAR pero mantienen este injusto enjuiciamiento a los presos saharauis por la jurisdicción civil, estando aún encarcelados a pesar de la nulidad del juicio militar.
 
Igualmente preocupante es el expolio de las riquezas naturales, que, de manera ilegal, se viene produciendo en el territorio del Sahara Occidental y que vulnera los derechos económicos de la población saharaui.
 
Son constatables, además, las enormes dificultades para solventar las necesidades de carácter humanitario en los Campamentos de Refugiados de Tinduf, que están apunto de provocar una catástrofe humanitaria. Las carencias alimentarias, sanitarias, de abastecimiento de agua, equipamientos sociales y educativos de necesidades básicas están llevando a la población refugiada a una situación de desesperación, agravada por la disminución de la ayuda humanitaria de los países donantes como consecuencia de la crisis económica.
 
Existe una responsabilidad histórica, política y jurídica del Estado Español, al haber firmado con Marruecos y Mauritania los ilegales acuerdos tripartitos de Madrid en 1975 y en su calidad de potencia administradora de iure del territorio y miembro del grupo de Países Amigos del Secretario General para el Sahara Occidental, además de miembro no permanente del consejo de Seguridad de la ONU durante el mandato 2015 – 2016.
 
Una reciente sentencia del Tribunal Europeo de Justicia determina que Marruecos carece de legitimidad sobre territorios allende sus fronteras reconocidas y que el Sahara Occidental no está entre ellas, estableciendo la prohibición de incluir productos saharauis en el acuerdo comercial comunitario con Marruecos, así mismo el Tribunal de Justicia de la UE excluyó las mercancías del Sahara en el acuerdo comercial con Marruecos. Canarias tiene un papel estratégico para hacer cumplir la legalidad europea. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, el pleno del Cabildo de Fuerteventura ACUERDA:
1.            Reiterar el apoyo al derecho que tiene reconocido el Pueblo Saharaui a la Autodeterminación, y a ejercitarlo a través de un referéndum libre y democrático donde se planteen todas las opciones, tal como reconoce el Derecho Internacional y, sobre todo, las reiteradas resoluciones de la ONU. El conflicto tiene su origen en un proceso de descolonización que no ha concluido, por lo que cualquier fórmula que no respete este principio se aleja de una solución efectiva y realista. El Referéndum debe realizarse en el más breve plazo para evitar que el conflicto se sitúe en un callejón sin salida y quede abocado a una reanudación de las hostilidades.
2.            Manifestar la preocupación por la violación de los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados que se ejercen sobre la población civil del Sahara Occidental e instar al cese inmediato de la represión, la libertad de todos los presos políticos saharauis defensores de los Derechos Humanos el fin del expolio de los recursos naturales y el acceso al territorio de observadores internacionales. En este sentido resulta esencial la ampliación del mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO) para garantizar el respeto de los Derechos Humanos en el Territorio y que la ONU garantice no sólo el alto el fuego, sino que evite la vulneración de los Derechos Humanos, hasta la celebración del Referéndum. Igualmente se exige la anulación del juicio contra los 25 activistas del Campamento de Gdaym-izik y la libertad inmediata de todos los detenidos, después de la nulidad del juicio militar reconocida por los Tribunales Marroquíes.
3.            Instar al Gobierno de España a incrementar los proyectos de ayuda humanitaria destinadas a paliar las graves carencias de productos básicos en los Campamentos de Refugiados, sobre todo en alimentación ,salud, educación, vestido, calzados, y servicios básicos, agravadas por las recientes inundaciones que han destruido en su totalidad el Campamento de Dajla.
4.            Instar al Gobierno de España al reconocimiento efectivo del Frente Polisario, como representante legítimo del Pueblo Saharaui, tal como lo considera la ONU, y a facilitar y otorgar a sus representantes el mismo estatus diplomático del que goza la Misión Diplomática Palestina en el Reino de España, con el objeto de facilitar sus iniciativas políticas y humanitarias en nuestro país orientadas a respetar a las necesidades del Pueblo Saharaui.
5.            Instar al Gobierno de España a que mantenga una postura mucho más activa, como antigua potencia colonial y administrador de iure del Territorio, en la defensa de las resoluciones de la ONU para la celebración del Referéndum de Autodeterminación, el respeto a los Derechos Humanos en el Sahara Occidental, y el fin del expolio de los recursos naturales. Instando para ello tanto a la ONU como a la Unión Europea al cumplimento de la legalidad internacional, así como al Gobierno de Marruecos,
6.            Instar al Gobierno de España, a las instituciones Canarias y a las empresas canarias a velar y cumplir la sentencia del Tribunal Europeo que determina que Marruecos carece de legitimidad sobre territorios allende sus fronteras reconocidas y que el Sahara Occidental no está entre ellas.
7.            Comunicar los presentes acuerdos a las siguientes personas e instituciones:
 
-              Secretario General de la ONU:
-              Presidente de la Comisión Europea.
-              Presidente del Parlamento Europeo.
-              Casa Real Española.
-              Presidente del Gobierno de España.
-              Ministerio de Asuntos Exteriores de España.
-              Misión permanente de España ante las Naciones Unidas.
8.            Difundir este acuerdo en los medios de comunicación.
 
EL PRESIDENTE,                                                   GRUPO SOCIALISTA
Marcial Morales Martín                                       Juan Jiménez González