Madrid (España) 24 de marzo de 2022(SPS) - El injustificado cambio de postura del gobierno español continúa sumando rechazo entre distintos sectores de la población. En esta ocasión ha sido la prestigiosa Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales (AEPDIRI) quien ha recordado al presidente que "la decisión del gobierno español de apoyar oficialmente el plan de autonomía propuesto por Marruecos en 2007 constituye la denegación expresa del ejercicio del derecho a la libre determinación del pueblo saharaui, y, en consecuencia, una grave violación del Derecho internacional”.
La organización, que agrupa a reputados Catedráticos y Doctores de la práctica totalidad de universidades españolas, ha publicado una declaración donde condenan la decisión del ejecutivo e instan a su inmediata rectificación.
El texto recuerda la responsabilidad internacional de España y el estatus del territorio del Sáhara Occidental como pendiente de descolonización. “Desde 1963, y de conformidad con la Resolución 1956 (XVIII) de la Asamblea General, España es la potencia administradora, condición jurídica que ha confirmado la Audiencia Nacional (2014), por lo que tiene la obligación jurídica y política de tomar todas las medidas necesarias en orden a garantizar la libre determinación efectiva del pueblo saharaui” asevera la AEPDIRI.
En la misma dirección aseguran que “esta decisión supone el reconocimiento implícito de la soberanía marroquí sobre la parte del Sahara Occidental que ocupa ilegalmente. (…) Por todo ello, esta decisión conlleva la responsabilidad internacional de nuestro Estado, en la medida en que contribuye a consolidar la violación grave de una norma imperativa de Derecho internacional”.
Desde el anuncio del cambio de posición de España numerosos colectivos sociales, partidos políticos, sindicatos e instituciones jurídicas y académicas han cargado contra una medida unilateral que desoye el mandato de la justicia nacional e internacional respecto al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y el estatus de potencia administradora de España.
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