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Viernes, 10 de marzo de 2017
Paloma López, eurodiputada y vicepresidenta del Intergrupo sobre el Sáhara Occidental del Parlamento Europeo, señala que “resulta indispensable la presencia de observadores internacionales porque el proceso ha violado todas las garantías judiciales desde un principio”
Jon Rodríguez, responsable del Grupo de Trabajo sobre Oriente Medio y África de la Comisión Federal de Relaciones Internacionales de IU, advierte de que el juicio, al celebrarse en Rabat, “es en sí mismo un acto contrario al derecho internacional, que reconoce el Sáhara Occidental como un territorio pendiente de descolonización y dictamina que los habitantes de territorios ocupados deben ser juzgados en el mismo, independientemente de la autoridad que lo haga”
Una amplia delegación de Izquierda Unida asistirá a partir del próximo lunes, día 13, en calidad de observadores internacionales al juicio contra los 25 presos políticos saharauis de Gdeim Izik, que se celebrará en el Tribunal de Apelación de Salé. La misión estará compuesta por varios/as miembros del Grupo de Trabajo sobre Oriente Medio y África de la Comisión Federal de Relaciones Internacionales, del cual es responsable Jon Rodríguez. A ellos/as se les sumará también en la apertura del proceso la eurodiputada de IU Paloma López, que es vicepresidenta del Intergrupo sobre el Sáhara Occidental del Parlamento Europeo. El objetivo de esta misión es certificar que se respetan los derechos de los activistas saharauis, que llevan encarcelados desde 2010 a pesar de que el Tribunal de Casación marroquí anuló las sentencias dictadas contra ellos por un tribunal militar hace ahora cuatro años.
“Resulta indispensable la presencia de observadores internacionales porque el proceso ha violado todas las garantías judiciales desde un principio. Marruecos congeló la decisión del Tribunal de Casación que anulaba la primera condena militar y durante estos cuatro años el grupo de Gdeim Izik ha sido recluido y torturado sistemáticamente”, denuncia López.
De hecho, ni siquiera se puede considerar que este nuevo proceso cumpla unos estándares mínimos de legalidad, puesto que “se va a celebrar en una corte extraterritorial, situada fuera de los territorios ocupados del Sáhara Occidental”, explica la eurodiputada.
Paloma López denuncia no sólo “las torturas y la detención arbitraria de los acusados, tal y como ha acreditado el Comité contra la Tortura de la ONU” en el caso concreto de Naama Asfari, sino “la falta de garantías procesales”, ya que “la defensa no ha podido acceder todavía a la totalidad de las acusaciones y no se les permite expresarse libremente en el juicio, ni acceder a la interpretación y traducción plena de los procedimientos”.
Jon Rodríguez, por su parte, resalta la importancia de esta misión de observación porque “ante la represión sistemática que vive la población saharaui en los territorios ocupados, y de la que este juicio es prueba, la solidaridad internacional es una de las pocas vías que pueden mantenerse”.
“Acudimos al juicio -detalla el miembro de la comisión de Relaciones Internacionales de Izquierda Unida- para asegurar que se desarrolla con una serie de garantías formales, pero sobre todo para llamar la atención sobre este hecho y mostrar nuestra solidaridad con un pueblo que lleva más de 40 años luchando contra la ocupación marroquí”.
Al igual que López, Rodríguez señala que el juicio, al celebrarse en Rabat, “es en sí mismo un acto contrario al derecho internacional, que reconoce el Sáhara Occidental como un territorio pendiente de descolonización y dictamina que los habitantes de territorios ocupados deben ser juzgados en el mismo, independientemente de la autoridad que lo haga”.
Los 25 presos políticos fueron detenidos en noviembre de 2010 tras el desmantelamiento del campamento de la dignidad en Gdeim Izik. En esta localidad situada a 15 kilómetros de El Aaiún, cerca de 20.000 saharauis se concentraron durante un mes exigiendo el respeto de los derechos humanos, unas condiciones dignas de vida y, sobre todo, el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas que defienden el legítimo derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación a través de un referéndum.
Efectivos de la Policía y del Ejército marroquí, que habían hostigado y detenido de forma arbitraria a algunos activistas en los días previos, atacaron el campamento de Gdeim Izik la mañana del 8 de noviembre utilizando pelotas de goma, gases lacrimógenos, cañones de agua, porras y piedras. La actuación de las autoridades marroquíes antes, durante y después del asalto se saldó con varios muertos -no existen cifras oficiales-, entre ellos al menos dos saharauis menores de edad.
Los 25 de Gdeim Izik fueron trasladados a Rabat y juzgados en 2013 por un Tribunal Militar. Sus condenas varían entre penas que van desde los 20 años a la cadena perpetua por la muerte de 11 agentes, pese a que sus autopsias nunca se utilizaron como prueba incriminatoria en el juicio. El Tribunal de Casación anuló la sentencia por falta de pruebas, y entre diciembre de 2016 y enero de 2017 se celebraron varias vistas previas.
Además de Paloma López y Jon Rodríguez, también estarán presentes desde el lunes en Salé Amaia Arenal, concejala de UdalBerri–Bilbao en Común; el concejal de Irabazi Zumarraga Unai Orbegozo; el vocal de Ahora Madrid en Villa de Vallecas, Alejandro Sanz, así como el abogado y militante de Izquierda Unida Francisco Serrano, que forma parte de la delegación de la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara.
El objetivo de Izquierda Unida es “dar visibilidad” a la situación de “violación de los derechos más fundamentales y la represión sistemática a la que Marruecos somete al pueblo saharaui”.
“Por ello, estaremos presentes -explica Rodríguez-, junto a la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara y otros colectivos y organizaciones solidarias, para que las autoridades marroquíes tengan claro que la impunidad de la que gozan gracias a su alianza con los gobiernos europeos y de EE.UU no les permite actuar de espaldas a la comunidad internacional”. Espera también que Marruecos “no ponga trabas” a la entrada en el país de los observadores y su participación en el proceso, “tal y como ha hecho en anteriores ocasiones”.
López hace también un llamamiento al Parlamento Europeo para que “exija la liberación de todos los presos políticos saharauis” y exprese “una vez más, la solidaridad con un pueblo que lucha por su autodeterminación, como prevé el derecho internacional”.