Ginebra, 18 de julio de 2020 (SPS)- Namibia criticó fuertemente, en Ginebra, a España por su implicación en la explotación ilegal de los recursos del Sáhara Occidental, destacando que Madrid "ha eludido su responsabilidad internacional".
Durante la revisión periódica, el pasado jueves, de la situación de los derechos humanos concerniente a España, Namibia lamentó que las recomendaciones sobre este tema solo fueran parcialmente aceptadas por ese país.
El grupo de trabajo sobre el examen periódico universal relativo a España incluyó en su informe publicado en marzo una serie de recomendaciones hechas por Namibia y Timor-Leste sobre las actividades económicas de las empresas españolas en el Sáhara Occidental ocupado. Los dos países expresaron su preocupación por la participación de España en este saqueo planificado.
La reunión, celebrada el jueves en el Consejo de Derechos Humanos (CDH), estuvo dedicada a las respuestas de España al grupo de trabajo de la ONU.
El representante de Madrid, escondiéndose detrás de falsas pretensiones, ha justificado que la implementación completa de estas recomendaciones se enfrenta a varias limitaciones legales, presupuestarias y constitucionales. A lo que el representante de Namibia respondió comentando “que no puede haber excusas para la explotación ilegal de los recursos naturales de la población del Sáhara Occidental".
Namibia afirmó que el derecho a explotar estos recursos pertenece exclusivamente a los saharauis, y recordó que este derecho, consagrado en el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales , debe ser respetado por la Potencia ocupante.
En las recomendaciones de este informe periódico, Namibia y Timor-Leste pidieron a España que "se abstenga de cualquier actividad económica en el territorio del Sáhara Occidental sin haber obtenido el consentimiento libre, previo y claro " de su pueblo.
Namibia también exigió España que adopte una legislación apropiada con el fin de "garantizar que las personas físicas y jurídicas españolas no se involucren de forma ilegal en la explotación" de estos recursos. SPS
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