Washington, 21/10/2014 (SPS).- Kerry Kennedy, Presidenta del Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos (Centro RFK), y Santiago Canton, Director Ejecutivo del Programa de Derechos Humanos del Centro RFK, expresaron este lunes su profunda preocupación ante la muerte y entierro no-autorizado del preso político saharaui Hassana El Luali durante su detención.
El Luali, quien falleció el día 28 de septiembre en un hospital militar en Dajla, Sahara Occidental, como consecuencia de una huelga de hambre y de atención médica inadecuada cayó en un coma fatal poco después de su llegada al hospital. A pesar de los reclamos de su familia para obtener los informes médicos y una autopsia para esclarecer la causa de su muerte, las autoridades marroquíes decidieron enterrar a El Luali abruptamente el día 6 de octubre sin la presencia ni el consentimiento de su familia.
"Estos informes de tortura y malos tratos médicos son profundamente preocupantes", dijo Kerry Kennedy. "Que a la familia de Hassana no se le permitiera reclamar sus restos mortales hace estos abusos aún más aberrantes. Insto al gobierno de Marruecos a que investigue las denuncias generalizadas de malos tratos de prisioneros, y garantice que se proteja la dignidad de los detenidos de manera inequívoca".
Tanto las condiciones de detención de El Luali como su muerte tienen lugar dentro de un contexto más amplio de informes preocupantes sobre las cárceles administradas por Marruecos en el Sahara Occidental. Juan Méndez, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura ha informado que los centros de detención en el Sahara Occidental están superpoblados y que la tortura es una herramienta que se usa para silenciar y castigar a los disidentes políticos.
Conclusiones similares han sido afirmadas por grupos internacionales como Amnistía Internacional y entidades locales como el Colectivo de Defensores de los Derechos Humanos Saharauis (CODESA), que han documentado violaciones de derechos humanos en contra de ciudadanos saharauis por parte de las autoridades marroquíes incluso fuera de detención, que implican la libertad de reunión, la libertad de circulación y la libertad de expresión.
"La historia de Hassana El Luali se agrega a un número de violaciones innegables de derechos humanos que están siendo cometidas por las autoridades marroquíes en contra del pueblo saharaui", dijo Santiago A. Canton. "Como mínimo, la tortura, la falta de tratamiento médico adecuado y la privación de la dignidad humana constituyen violaciones de las obligaciones legales internacionales de Marruecos bajo la Convención contra la Tortura, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales". (SPS)
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