Madrid (España), 12 de mayo de 2021 (SPS)- Debido a la grave situación de derechos humanos y la constante represión del régimen de ocupación marroquí en las zonas ocupadas del Sahara Occidental, las detenciones arbitrarias y el secuestro de activistas, la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara, CEAS-Sahara, ha emitido un comunicado exigiendo a “la comunidad internacional medidas urgentes que garanticen la protección de la población civil saharaui” y hace un llamamiento “al Consejo de Seguridad de la ONU y a la UE que actúen en consecuencia para la inmediata paralización de las violaciones de DDHH”. También se dirige
al Gobierno de España para “que asuma sus responsabilidades históricas y legales como potencia administradora del territorio”.
“Desde el regreso a la guerra el 13 de noviembre de 2020, los y las activistas de derechos humanos saharauis, están siendo víctimas de una represión cruel y continuada por parte del agresor marroquí. Situación que se ha agravado desde el pasado 10 de mayo coincidiendo con el 48 aniversario del nacimiento del Frente Polisario”, lamenta CEAS-Sahara.
En relación a los graves acontecimiento en la ciudad ocupada de Bojador, CEAS-Sahara denuncia que “desde noviembre de 2020, las fuerzas de ocupación marroquíes, acosan constantemente a Sultana Jaya y a su familia. El día 10 irrumpieron violentamente en su casa, donde además de ejercer acciones violentas, secuestraron al presidente de CODESA, Babozid Lbaihi, y a los activistas Salek Baber y Khalid Boufraioua que fueron esposados, torturados y posteriormente tirados en el desierto”.
Asimismo, la organización denuncia que “en la madrugada de hoy miércoles 12 de abril, la policía marroquí, ha vuelto a irrumpir en el domicilio de la familia Jaya, destrozando el mobiliario, maltratando al hermano y, torturando y violando con palos y tubos a las hermanas Sultana y Ouaari Jaya”.
Los hechos que ocurren ante el silencio de los organizamos internacionales has sido denunciados por la organización por “incumplimiento de los convenios de Ginebra por parte del reino de Marruecos” y “la violación por parte de Marruecos del derecho internacional y de la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas”.
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