Nueva York, Estados Unidos, 16/08/2018 (SPS).- La Asociación Saharaui en los Estados Unidos (SAUSA, por sus siglas en inglés) y otras organizaciones de la sociedad civil, efectuaron un llamamiento al Departamento de Estado de los Estados Unidos para que aborde las deficiencias en su último Informe del Sáhara Occidental sobre las prácticas de derechos humanos en 2017, mediante un comunicado internacional de prensa difundido desde su sede en la ciudad de Nueva York.
Como lo reconoce el derecho internacional, el Sáhara Occidental es uno de los diecisiete ‘territorios no autónomos’, según lo ha establecido la Comisión Política Especial y de Descolonización (Cuarta Comisión) de las Naciones Unidas (ONU), por un lado; así como las resoluciones de la Asamblea General 34/37 (1979) y 35/19 (1980) dejan en claro que Marruecos es la potencia ocupante del Sáhara Occidental, y la ONU nunca la ha reconocido como la potencia administradora del Territorio, por otro lado, sostiene SAUSA.
Preocupa que el ‘blanqueo’ de los abusos sistemáticos contra los derechos humanos en el Sáhara Occidental ocupado se haya producido como resultado de la intensa presión diplomática marroquí, asevera SAUSA. En su análisis aduce que ‘en comparación con años anteriores, el informe de 2017 se ha diluido significativamente. No informa sobre muchos abusos graves contra los derechos humanos y caracteriza erróneamente a otros, en contraste con el Informe de país mucho más creíble sobre el Sáhara Occidental emitido por el Departamento de Estado en 2015’.
Según lo han documentado varias organizaciones internacionales de derechos humanos, ‘Marruecos somete a los saharauis a abusos sistemáticos contra los derechos humanos, incluido el arresto arbitrario por motivos políticos, tortura, palizas e intimidación, denegación del derecho de reunión y libertad de expresión, y el uso de tribunales militares para juzgar a civiles’.
SAUSA afirma que ‘a diferencia de su informe de 2015, en 2017 el Departamento de Estado no menciona que la causa que origina los abusos contra los derechos humanos en el Sáhara Occidental es la anexión del territorio de Marruecos en 1975 y la posterior ocupación brutal’.
Inquieta, además, que la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO), establecida como consecuencia del acuerdo de alto el fuego y el Plan de Arreglo de 1991, es la única misión de mantenimiento de la paz que carece de un mandato de monitoreo de los derechos humanos, entre otros factores, por la presión francesa y de otros aliados en el Consejo de Seguridad de la ONU.
SAUSA también llama la atención del Departamento de Estado sobre sus fuentes informativas para la elaboración de su informe anual. Según lo sostiene la principal fuente es el Consejo Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), una entidad que depende del Rey de Marruecos y cuyos miembros son representantes oficiales del gobierno marroquí en el Sáhara Occidental. Según parece no hay evidencia de otras fuentes independientes que provean de información verificable, transparente y creíble sobre los abusos sistemáticos a los derechos humanos a la población saharaui en los territorios ocupados por Marruecos.
El informe no menciona que tanto Human Rights Watch como Amnistía Internacional han sido prohibidos en el Sáhara Occidental por intentar informar sobre la situación de derechos humanos. Tampoco menciona el informe sobre los valientes defensores saharauis de derechos humanos que arriesgan su seguridad y libertad a diario para evitar el bloqueo mediático de Marruecos en el Sáhara Occidental y exponer el alcance de la brutal represión de las fuerzas de seguridad’, reafirma SAUSA.
En efecto, evidencias proporcionadas públicamente, a nivel internacional, por organizaciones como Witness, mediante su iniciativa Watching Western Sahara, o precisiones a información presentada de forma incorrecta solicitadas por el Colectivo de Defensores Saharauis de los Derechos Humanos (CODESA) o el Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy, han sido expuestas en más de una ocasión.
Por estas consideraciones, SAUSA, la Association for the Monitoring of Natural Resources and for the Protection of the Environment in Western Sahara (AMRPEN), Equipe Media, Nuchatta, la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves de los Derechos Humanos Cometidas por el Estado Marroquí (ASVDH), Freedom Sun Association, la Asociación de la Comunidad Saharaui en Bélgica y el Comité para la Defensa del Derecho a la Autodeterminación del Pueblo del Sáhara Occidental (CODAPSO), solicitaron al Departamento de Estado que corrija su Informe 2017 sobre el Sáhara Occidental y tome medidas para garantizar que los informe futuros reflejen las realidades sobre el terreno en el Sáhara Occidental ocupado.-
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