Sevilla,15/07/13(SPS)-. Representantes de la Asociación de Juristas Andaluces por el Sahara (AJASAHARA), CEAS-SAHARA, Justicia i Pau, el Observatorio asturiano para el Sahara Occidental y el Observatorio aragonés para el Sahara Occidental se concentraron esta mañana ante la sede del Ministerio de Economía y Competitividad para interponer una denuncia contra las exportaciones de nuevos vehículos militares con destino a Marruecos, de acuerdo a una nota de prensa de AJASAHARA.
Mientras el Rey de España inicia hoy un viaje oficial a Marruecos, acompañado de Ministros y representantes del mundo empresarial; las asociaciones de solidaridad con el Pueblo Saharaui recordaron que las relaciones comerciales que se fomenten en este viaje deben estar en el marco de la ley. En su comparecencia ante los medios, los portavoces de estas organizaciones insistieron en que “las relaciones de buena vecindad y amistad con Marruecos no deben hacer olvidar que a pesar de que la industria de armamento, incluido los transportes militares, es un negocio, la promoción exterior del mismo está sujeta a la Ley 53/2007 que impide vender armas a países que vulneren los derechos humanos, así como al Tratado sobre la Venta de Armas de la ONU, aprobado apenas hace unos meses”.
Los denunciantes subrayaron que España ha incumplido sus compromisos internacionales con el pueblo saharaui y que quedan muy lejanas las palabras pronunciadas por Don Juan Carlos el 2 de noviembre de 1975 cuando ante militares españoles declaraba que “España no dará un paso atrás, cumplirá todos sus compromisos, respetará el derecho de los saharauis a ser libres’”, indica la nota de prensa.
Las organizaciones demandantes han pedido al Ejecutivo español desvincularse de “cualquier iniciativa de promoción empresarial vinculada a la venta de material de defensa con destino a Marruecos y que recuerde a Mohamed VI las palabras pronunciadas hace 37 años proclamando el respeto de los compromisos internacionales de España y el derecho de los saharauis a ser libres”.
La sospecha de las entidades denunciantes se basan en que el pasado mes de abril el ministro de Defensa marroquí visitó junto con su homólogo español, Pedro Morenés, una fábrica de vehículos militares en Santiago de Compostela, con el objetivo de conocer los nuevos modelos que produce esta empresa. “Durante años hemos comprobado –alegaron los denunciantes- como estos vehículos se emplean activamente en los operativos logísticos que las fuerzas de ocupación marroquí desarrollan en el Sahara ocupado, especialmente después del desmantelamiento del campamento de protesta Gdeim Izik.
Francisco Serrano declaró que AJASAHARA, que participa desde 2012 en la campaña “Paremos el negocio de la guerra: No a la represión marroquí con armas españolas”, “va a volcar todas sus energías en que los acuerdos para la protección de los derechos humanos no sean papel mojado o adorno de cumbres internacionales, sino que se hagan realidad. Las y los juristas andaluces queremos impedir a toda costa que se utilicen armas españolas para violar los derechos humanos y pisotear la dignidad de los activistas saharauis”.
Hassana Aalia es uno de los activistas saharauis que ha participado en la concentración de esta mañana. Este joven de 26 años que fue condenado a cadena perpetua por un tribunal militar marroquí a raíz de su participación en el campamento de Gdeim Izik, en un juicio que ha sido duramente criticado por prestigiosas organizaciones de Derechos Humanos internacionales que piden su anulación, ha dado su testimonio del uso frauduento del material bélico español en el Sahara ocupado. “En su violento desmantelamiento y represión posterior –añadieron las organizaciones denunciantes a su testimonio-, se ha demostrado el uso de vehículos militares Vam Tac”.
Desde la década del 2000, Marruecos es destino privilegiado de armas de España, que le ha vendido más de 200 millones de euros, incluyendo productos y tecnología de doble uso (“que probablemente puede ser utilizada como arma”) por un valor de 7.227.180 euros. La venta de armas y municiones, así como sus partes y accesorios, ha superado en este período los 10 millones de euros, “armamento que puede estar siendo destinado a las fuerzas policiales que operan en el Sahara ocupado”, alegaron los denunciantes, subraya la nota de prensa.SPS
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