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Jon Rodríguez, responsable del Grupo de Trabajo sobre Oriente Medio y África de la Comisión Federal de Relaciones Internacionales de IU e integrante de la delegación de esta formación que asiste como observadores a la vista oral, señala que “hemos comprobado que no hay ni tan siquiera un certificado de defunción de las supuestas víctimas de los crímenes que se les acusa, además de que no se ha presentado prueba alguna que pueda vincularles a las acciones imputadas”
Izquierda Unida, a través de Jon Rodríguez, responsable del Grupo de Trabajo sobre Oriente Medio y África de la Comisión Federal de Relaciones Internacionales de esta formación, valora que la vista oral que se sigue en Marruecos contra los 24 presos saharauis de Gdeim Izik, iniciada el pasado lunes en el Tribunal de Apelación de Salé, “ha demostrado en los días trascurridos que estamos ante un juicio con una clara motivación política, la de descabezar al movimiento saharaui en los territorios ocupados por Marruecos desde 1976”.
Jon Rodríguez señala que tras haber podido escuchar las alegaciones tanto de la Fiscalía y la acusación particular como de los acusados, que llevan siete años encarcelados, “hemos podido comprobar que no hay ni tan siquiera un certificado de defunción de las supuestas víctimas de los crímenes que se les acusa, además de que no se ha presentado prueba alguna que pueda vincularles a las acciones imputadas”.
Rodríguez forma parte de la amplia delegación de Izquierda Unida que asiste desde su inicio en calidad de observadores internacionales al juicio contra estos presos políticos saharauis de Gdeim Izik. El objetivo de esta misión es certificar que se respetan los derechos de los activistas saharauis, encarcelados desde 2010 a pesar de que el Tribunal de Casación marroquí anuló las sentencias dictadas contra ellos por un tribunal militar hace ahora cuatro años.
El dirigente de IU expone que “todos los acusados que han sido interrogados hasta el momento han denunciado toda clase de tortugas físicas y psicológicas por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes para obtener unas confesiones que les obligaron a firmar sin conocer su contenido. Durante estos interrogatorios les realizaron principalmente preguntas sobre los movimientos sociales y políticos del Sáhara Occidental ocupado, así como sobre su vinculación con el Frente Polisario, en vez de sobre las acusaciones que recaen sobre ellos”.
“A estas circunstancias -añade Rodríguez- hay que sumarle una cuestión procedimental sobre la instancia correspondiente al juicio, ya que el juez alega que ésta es una vista de primera o segunda instancia según su conveniencia. También destaca la ausencia del peritaje solicitado por la defensa o la extraterritorialidad del juicio, ya que la vista oral tiene lugar en Marruecos cuando los acusados fueron detenidos en el Sáhara Occidental, por lo que las actuaciones se llevan a cabo de espaldas a lo que establece el derecho internacional”.
Jon Rodríguez reconoce que no tiene constancia exacta de cuánto tiempo más durará el juicio, si bien ha quedado claro que “las autoridades marroquíes continuarán utilizando los tiempos de este proceso, que dura ya siete años, para favorecer los intereses políticos del régimen alauí a nivel interno y externo”.
“A pesar de ello -sostiene-, tanto los acusados como sus familias, con las que hemos contactado durante el proceso, se muestran firmes para seguir luchando por la libertad de su pueblo”. En estos días han tenido lugar diversas protestas ante el Juzgado de Primera Instancia de Salé. En la primera de ellas, el pasado lunes, fue arrestado el joven activista Mohamed Dadi, que aún sigue detenido sin conocerse su paradero exacto.
Izquierda Unida destaca también el “desprecio que el Reino de Marruecos demuestra hacia los organismos internacionales. No ha permitido la participación de observadores de la ONU o de la Unión Africana en todo el proceso”.
Además, “el Gobierno español de Mariano Rajoy ha vuelto a agachar la cabeza ante una nueva violación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental ocupado. No ha abierto la boca después de que las autoridades marroquíes impidieran la entrada de un juez español que acudía como observador a la vista oral. Tampoco se ha pronunciado sobre este caso en el que el Estado español tiene una clara responsabilidad como potencia administradora del Sáhara Occidental, último territorio pendiente de descolonización de África”.