Madrid (España), 25 de mayo de 2021 (SPS)- El prestigioso abogado y profesor de Derecho Penal, Manuel Ollé Sesé, ha afirmado de forma rotunda que la estrategia de Marruecos- “que no escatima ni dírhams, ni euros, ni dólares”- solo tiene como fin “utilizar a los tribunales de justicia con fines fraudulentos".
Para el prestigioso abogado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con amplio reconocimiento internacional, la campaña marroquí “obedece a diferentes razones. Por un lado, reivindicar ante las autoridades españolas su permanente rechazo del derecho del pueblo saharaui a su autodeterminación e independencia. Por otro, tratar de desacreditar al presidente Brahim Ghali y al Frente Polisario con imputaciones penales irreales e inverosímiles. Y, de paso, buscan maquillar la responsabilidad estatal marroquí y la de sus doce ciudadanos alauitas, procesados en la Audiencia Nacional y sujetos a órdenes internacionales de detención con fines de extradición, como responsables del crimen de genocidio cometido contra el pueblo saharaui. De esta forma, la presión al gobierno de España está servida”.
La campaña que “destila estrictamente aroma político” y “redactada al otro lado del Estrecho”, aclara Ollé, responde a una “táctica conocida en los juzgados: cuando no tienes razón en tu pretensión dibuja hechos impactantes con apariencia de verosimilitud para conseguir que la denuncia sea admitida a trámite. Y esto es lo que ha sucedido”.
“La realidad es otra bien distinta. La única querella legítima, por mucho que le aterre a Marruecos, es la que se interpuso ante la Audiencia Nacional en el año 2006, gracias a la denuncia de víctimas y de organismos defensores de Derechos Humanos, por los graves crímenes cometidos contra el pueblo saharaui por parte de Marruecos desde el mismo momento que iniciaron la invasión del Sahara Occidental”, añade Manuel Ollé en un extenso articulo publicado en El Diario.
En ese mismo sentido, Ollé, Abogado de víctimas saharauis en el procedimiento seguido en la Audiencia Nacional, aclara que “los tribunales españoles, después de la pertinente y rigurosa investigación judicial, dictaron un auto de procesamiento de extraordinaria importancia. Y es así porque, aunque sea de forma provisional, se declara, con el rigor de un tribunal de justicia, la verdad judicial de lo que sucedió en el Sahara Occidental. Esta resolución es una decisión dictada por un tribunal de justicia, independiente e imparcial, basada en abundantes elementos probatorios practicados a lo largo de años de investigación, respetando escrupulosamente todos los estándares del juicio justo”.
Descifrando la actual campaña de Marruecos y el escenario de crisis con varios países , con España y Alemania a la cabeza, el profesor de Derecho penal Internacional señala que “la irritación de Marruecos y sus acólitos procede del revés judicial del auto de procesamiento español. No soporta que se declare la existencia del pueblo saharaui con sus específicas circunstancias. Se descomponen con la retahíla de resoluciones de Naciones Unidas, plasmadas en el auto que considera al Sahara Occidental como "territorio no autónomo", y por tanto se deriva el reconocimiento al derecho del Sahara a la libre determinación y la independencia, y el proceso a seguir para su consecución”.
Por los que también advierte que “Marruecos busca blanquear su imagen y responsabilidad. El auto de procesamiento, que repudia, describe crímenes concretos perpetrados desde 1975 contra la población saharaui, especificando el lugar de comisión, los nombres de víctimas y victimarios identificados y el momento temporal en el que se ejecutaron”.
“Marruecos busca que se queme —al igual que hicieron con las jaimas que cobijaban a los saharauis, ancianos, mujeres y niños en su éxodo por el desierto— todas y cada una de las líneas del auto de procesamiento”.
En relación a las exigencias de Marruecos a Madrid , que han sido consideradlas por político y analistas como una inaceptable injerencia en asuntos internos y soberanos de España, Ollé ha señalado que “Marruecos ahora exige cooperación a las autoridades españolas, cuando la reciprocidad ha sido inexistente. Marruecos no atendió ni una sola petición de ayuda cooperativa de los jueces españoles para investigar los hechos y personas que conforman en el auto de procesamiento. Y, por supuesto, no ha detenido ni extraditado a ninguno de sus ciudadanos escondidos dentro de sus fronteras”.
Tras recordar las resoluciones de la ONU y las sentencias de tribunales internacionales, Manuel Ollé señala de “imperativo que Marruecos salga de una vez de la permanente ilegalidad, deje de maquinar torticeramente para obtener objetivos espurios y cumpla sin fisuras con las obligaciones que le impone el Derecho Internacional. Y desde luego debe aleccionar a sus servicios de inteligencia a trabajar con el rigor a la verdad y el respeto a los derechos fundamentales de las personas”.
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