Auckland (Nueva Zelanda), 05 de Marzo de 2020(SPS)- El Frente Polisario ha iniciado acciones legales como parte de sus esfuerzos para detener las importaciones ilegales de roca fosfórica del Sahara Occidental ocupado a Nueva Zelanda.
El Frente POLISARIO ha solicitado la revisión judicial de ciertas decisiones de inversión hechas por el Fondo de Pensiones de Nueva Zelanda, afirmando que estas decisiones apoyan la actual ocupación ilegal marroquí del Sáhara Occidental, así como la extracción y exportación ilegales del fosfato saharaui.
La solicitud de revisión judicial ha sido presentada por el representante saharaui ante Australia y Nueva Zelanda Kamal Fadel.
“El pueblo saharaui está decidido a proteger sus recursos naturales con todos los medios disponibles. Esta acción legal es un mensaje para todos los que participan en la explotación de los recursos naturales saharauis, de que se enfrentan a acciones legales, riesgos de reputación y retirada de inversores” dijo Fadel.
Esta solicitud se presenta después de que el Frente POLISARIO emprendiera con éxito acciones legales en el extranjero, incluida la incautación y venta de un cargamento de fosfato del Sáhara Occidental en 2017, que transitaba por Sudáfrica, por una ruta hacia Nueva Zelanda. En este caso, el Tribunal Superior de Sudáfrica determinó que el gobierno saharaui era el propietario del cargamento y observó que el Sáhara Occidental había sido ocupado ilegalmente por Marruecos mediante el uso de la fuerza armada.
Ningún país reconoce a Marruecos como la potencia administradora legítima del Sáhara Occidental y en 1975 la Corte Internacional de Justicia concluyó que Marruecos no tenía vínculos históricos con el Sáhara Occidental, que pudieran apoyar una declaración de soberanía.
Hoy, Marruecos ocupa alrededor del 75% del Sáhara Occidental y el Frente POLISARIO controla el resto del Territorio. La Organización de las Naciones Unidas ha reconocido al Frente POLISARIO como el representante legítimo del pueblo saharaui del Sáhara Occidental y, hasta hoy en día, siguen considerando al Sáhara Occidental como un territorio no autónomo y, en virtud del derecho internacional, el pueblo saharaui tiene el derecho de autodeterminación y la soberanía sobre los recursos naturales situados en su territorio.
La explotación minera y exportación anual de fosfato incentiva a Marruecos a continuar su ocupación ilegal del Sáhara Occidental y a dirigir una economía para consolidar su anexión del territorio. Esto motiva a Marruecos a seguir retrasando un referéndum bajo los auspicios de las Naciones Unidas, que permitiría al Sáhara Occidental reivindicar su soberanía independiente.
En la última década, varias empresas de todo el mundo han dejado de importar fosfato del Sáhara Occidental por motivos éticos y países como Australia, Canadá y Estados Unidos ya no importan fosfato del territorio. Sin embargo, las empresas neozelandesas Ballance Agri-Nutrients Limited (Ballance) y Ravensdown Limited (Ravensdown) siguen comprando e importan fosfato del Sáhara Occidental y, a través de ellas, Nueva Zelanda es el único país importador de fosfato del Sáhara Occidental que queda en el mundo occidental.
“Las empresas neozelandesas han saqueado nuestro fosfato durante décadas. Estamos decididos a detenerlos. Este es el comienzo de un proceso legal que continuará en Nueva Zelanda hasta que Ballance y Ravensdown pongan fin a su participación ilegal en la explotación de los recursos naturales de nuestro país,” dijo Fadel.
El Fondo de pensiones de Nueva Zelanda es una herramienta de ahorro del gobierno del país, establecido para ayudar a financiar previamente el costo de la jubilación universal en Nueva Zelanda. Su valor estimado es de más de 47.500 millones de dólares. El Fondo es dirigido y administrado por los defensores judiciales del Fondo de pensiones de Nueva Zelanda, una entidad de la corona. Los defensores del Fondo tienen la obligación legal de gestionar y administrar el Fondo de manera que se evite que se perjudique la reputación de Nueva Zelanda como miembro responsable de la comunidad internacional.
El Fondo está implicado en el Sáhara Occidental ocupado mediante sus inversiones en terrenos de cultivo que utilizan fosfato del Sáhara Occidental suministrado por Ballance, y además de intereses en varias empresas que operan en el territorio ocupado.
Desde 2012, los defensores jurídicos internacionales, incluidos el Fondo de pensiones del gobierno de Noruega, National Employment Saving Trust (Reino Unido), APG (Países Bajos), AP Funds (Suecia), FDC (Luxemburgo) y BMO Global Asset Management, han excluido a las empresas que extraen recursos del Sáhara Occidental por razones éticas. El Frente POLISARIO afirma que las continuas inversiones del Fondo perjudican la reputación de Nueva Zelanda como un miembro responsable de la comunidad internacional y exhorta a los defensores a reconsiderar las inversiones del Fondo destinadas al Sáhara Occidental. SPS
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