La Comisión Europea negocia nuevos acuerdos económicos con su socio marroquí para extraer los recursos de los territorios ocupados sobre los que no tiene soberanía
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El nuevo acuerdo pesquero concede 92 licencias para buques españoles y aumenta de 30 a 40 millones de euros anuales de pago a Marruecos respecto al anterior tratado
Por María F. Sánchez Última actualización miércoles, 12 de septiembre de 2018
A finales de 2016 parecía que se abría una rendija para el enquistado conflicto saharaui. El Tribunal de Justicia de la UE confirmaba que los acuerdos de libre comercio de productos agrícolas y pesqueros entre Europa y Marruecos no eran aplicables al Sahara Occidental. Se ponía límites legales así a la explotación de los recursos de este territorio, todavía en proceso de descolonización, que ocupa ilegamente el Reino alauí. Ahora la Comisión Europea negocia nuevos acuerdos económicos con su socio marroquí para extraer los recursos de los territorios ocupados sobre los que no tiene soberanía según la ONU.
La Comisión y el Consejo Europeo han negociado con Marruecos un acuerdo de beneficios arancelarios para los productos marroquíes –incluidos productos procedentes del Sahara Occidental– y un acuerdo pesquero que incluye las aguas saharauis o de “los territorios del sur”, tal y como los denomina el régimen alauí. El primero se encuentra más avanzado y ya ha sido enviado al Parlamento Europeo para su aprobación, mientras que el segundo todavía no ha llegado a la institución y se prevé que lo haga en diciembre.
En menos de tres años ha habido “tres sentencias firmes” del Tribunal de Justicia de la UE que confirman que “el Sahara Occidental y Marruecos son territorios distintos, por lo que ningún acuerdo que Marruecos haga puede incluir ni las aguas ni los productos que vengan del Sahara”, explica a cuartopoder.es Josu Oskoz, responsable de Derechos Humanos y Recursos Naturales en la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sahara (CEAS). “No es una opinión política, es una doctrina jurídica establecida”, añade.
La Justicia europea ha establecido que la extracción de recursos de un territorio ocupado es contraria a su derecho de “libre autodeterminación” y que se necesitaría “el consentimiento” del representante legal del pueblo saharaui, que a día de hoy es el Frente Polisario, para que los acuerdos económicos tuvieran validez. “45 años después de la ocupación y con una democracia bien asentada en los países europeos es inadmisible que se nos quieran robar los recursos naturales, algo que a la vez no aporta nada para la resolución del conflicto”, se queja Mohamed Zrug, el representante del Frente Polisario para Andalucía, lugar donde se ha comenzado a fraguar una campaña de envío de cartas a los eurodiputados del Parlamento europeo con el objetivo de que voten en contra de lo acordado entre Bruselas y Rabat. También están dando información de los acuerdos a los consulados de países europeos en Andalucía así como a la Comisión de Asuntos Europeos del Parlamento de Andalucía.
El debate, al Congreso de los Diputados
El acuerdo de pesca entre Bruselas y Marruecos que expiró el pasado mes de julio permitía desde 2014 el acceso a 126 buques de la UE (un centenar españoles). En las aguas saharauis se pesca más del 90% de las capturas de la flota europea, por lo que generaría escasos beneficios un tratado que no incluyera estos caladeros.
El nuevo acuerdo pesquero incluye una referencia explícita a las aguas del Sahara Occidental, mientras que concede 92 licencias para que puedan operar buques españoles y aumenta de 30 a 40 millones de euros anuales respecto al anterior tratado la cifra a pagar al Reino alauí. Las dudas que genera el nuevo acuerdo pesquero de la Comisión Europea con Marruecos puso de acuerdo al Congreso para apoyar la comparecencia del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, solicitada por Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. En su comparecencia el representante del Gobierno intentó sembrar un voto de confianza al decir que la población saharaui debe ser consultada respecto a la posibilidad de faenar en estas aguas.
“De la comparecencia del ministro destacamos la inseguridad jurídica con la que faenarían nuestros barcos en este caladero, porque no casan los términos del nuevo acuerdo con la sentencia ya firme del Tribunal de Justicia de la UE”, explica Antón Gómez-Reino, portavoz de En Marea. Su grupo confederal ha recordado al Gobierno su responsabilidad de velar por los intereses del sector pesquero canario, andaluz y gallego, al mismo tiempo que recuerda su responsabilidad histórica de España con el Sahara Occidental, y su obligación de cumplir con la legalidad internacional y respetar a sus legítimos representantes, que son el Frente Polisario.
Un grupo de eurodiputados de la Comisión de Comercio Internacional visitó el Sahara Occidental para ver si el actual acuerdo de pesca beneficia o no a la población local en aras de la renovación del acuerdo que se está planteando entre Bruselas y Rabat. Zrug asegura que esta visita fue “un simulacro” y que las autoridades europeas están desviando el foco. “La sentencia judicial del Tribunal europeo no habla de beneficios para el pueblo, habla del consentimiento del pueblo saharaui”, explica el representante del Frente Polisario.
“La UE está llamada como mínimo a no perpetuar el conflicto porque el tema de los recursos naturales del Sahara Occidental es un tema fundamental, no es marginal. Europa ha desoído durante mucho tiempo sus responsabilidades al decir que la descolonización del Sahara es asunto de la ONU, pero ahora le incumbe porque debe atacar las sentencias”, añade Zrug. Además, los acuerdos no solamente son “inadmisibles” porque “chocan con la legalidad” sino que contribuye a abonar más “el descontento en unas nuevas generaciones saharauis”, explica al líder del Polisario. “¿Por qué la UE ha sido tan clara al prohibir los beneficios arancelarios para productos procedentes de Palestina y no hace lo mismo con el Sahara?”, se pregun