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JORGE LUIS BAIL DIPUTADO DEL GPC UNIDOS PODEMOS – EN COMÚ – EN MAREA
19.03.2018 - 06:25h
Recuerdo que en las clases de Historia del instituto presentaban la descolonización africana en el siglo xx como un proceso en el que, bien por la evolución democrática de las potencias europeas o forzadas por los procesos armados de independencia de los colonizados, existía un compromiso en cerrar las heridas sembradas en África, lo que constituye parte de nuestra deuda histórica con esos pueblos. Esa era la idea general.
Sin embargo, recorriendo esta semana los campos de refugiados del Sáhara Occidental junto otros siete diputados y diputadas del Congreso, hablando en perfecto castellano con sus gentes, releyendo sentencias internacionales como las del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre la soberanía de sus recursos naturales, o nacionales como el auto del juez Ruz de la Audiencia Nacional en el que procesando a 11 altos cargos marroquíes señala indicios de genocidio, incluidos ataques con napalm a campamentos, me he sentido impotente ante el descuido, cuando no connivencia, de los sucesivos gobiernos españoles con su propia herida histórica.
Y digo herida y no cicatriz, porque según la Ley 40/1975, publicada el 20 de noviembre del mismo año (recordarán la fecha), deberíamos haber llevado a cabo un proceso de descolonización y no unas negociaciones (Acuerdos de Madrid) para la venta de sus recursos, que permitieron la ocupación y posterior guerra en el Sáhara Occidental.
Como sugerencia para ponerse al día del desarrollo de estos acontecimientos, el CDAN de Huesca acaba de inaugurar la exposición La provincia 53, que señala la categoría de provincia que llegó a tener el Sáhara y repasa lo que ocurrió y sigue ocurriendo con la complicidad de nuestro gobierno.
Frente a ello surge la solidaridad de los pueblos. Vivimos en una sociedad que se solidariza a través de proyectos como los que me encontré allí: contenedores de ayuda humanitaria con mensajes de ánimo de comunidades autónomas; escuelas y dispensarios levantados con el presupuesto de nuestros pueblos; autobuses de segunda mano de cualquiera de nuestras ciudades... El pueblo saharaui sabe que no lo olvidamos, pero tampoco entiende la amnesia del Gobierno de España, algo que también nos pasa al conjunto de la ciudadanía.
Esta semana he visto una sociedad vulnerable y sin sostén ecológico.
Un pueblo apartado de la costa y relegado al desierto en el que ha conseguido aguantar 42 años esperando que se cumpla la ley. He escuchado a la Misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental (Minurso) relatar los vetos del Consejo de Seguridad y las trabas del Gobierno marroquí para la protección de los derechos humanos en la zona. Me he encontrado con un muro con siete millones de minas antipersona de las que Marruecos se desentiende y de las que se ocupan de localizar y desactivar varias ONG en solitario, pese al armisticio. He visto una justicia que nadie ha querido aplicar por miedo a que los recursos del Sáhara (los fosfatos de nuestros fertilizantes y otras) interrumpan su camino hacia Europa.
Y todo ello, en un entorno de dimensiones tan grandes como escasas las oportunidades de desarrollo que ofrece. Pero, sin embargo e increíblemente, lo que más he visto ha sido esperanza. Porque esa justicia no puede terminar sino haciéndose efectiva, reconociendo al Polisario como interlocutor tras el fallo del TJUE. Y en ello va a estar acompañada por las alianzas con la mayoría social que ya ha comenzado a cumplir y exigir el cumplimiento de la legalidad internacional (estibadores, cofradías de pescadores y empresas).
Porque es un pueblo que sabe que puede confiar en la solidaridad internacional, y ha sido capaz de mantener la esperanza en que no olvidaremos nuestra deuda y mantendremos nuestro compromiso con su libertad.