En octubre y noviembre de 2010 la población saharaui en los territorios ocupados del Sahara Occidental constituyó un campamento de protesta pacífica en Gdeim Izik, un lugar situado en las afueras de la ciudad de El Aaiún (Sahara Occidental). Unos veinte mil saharauis (la mayor protesta pacífica de la historia del Sahara Occidental, desde la ocupación marroquí del territorio en 1975) se concentraron para reclamar al gobierno ocupante de Marruecos, en primera instancia, viviendas, puestos de trabajo o ayudas sociales para la población saharaui.
La respuesta marroquí fue sangrienta. Las fuerzas militares y policiales marroquíes desalojaron violentamente el mencionado campamento cuando las protestas sociales se convirtieron también en políticas en demanda de libertad e independencia para el Pueblo Saharaui.
Los 22 presos políticos saharauis del “Grupo de Gdeim Izik” que a día de hoy siguen encarcelados en la cárcel marroquí de Salé 1 en Rabat (Marruecos), lo están a miles de kilómetros del Sahara Occidental, lo que supone un sufrimiento adicional para sus familias.
Todos fueron detenidos o secuestrados por sus actividades en defensa de los derechos humanos y a favor de la autodeterminación del Pueblo Saharaui. Son tratados públicamente por el gobierno de Marruecos como traidores y enemigos de la patria, a pesar de que el Sahara Occidental no forma parte del territorio marroquí. Desde su detención han sido objeto de malos tratos, de tortura y agresiones (tanto por parte del personal de la cárcel como de otros presos comunes marroquís), de falta de atención médica y condiciones de encarcelamiento muy penosas y a menudo castigados en celdas de aislamiento.
Ante tal situación, se han visto obligados a recurrir a huelgas de hambre que les han dejado secuelas tanto físicas como psicológicas. La huelga más reciente llevada a cabo por miembros del Grupo Gdeim Izik duró 37 días, desde el 1 de marzo hasta el 5 de abril de 2016.
Ahora, cerca de seis años después de la detención arbitraria de 24 activistas saharauis por parte de las autoridades marroquíes de ocupación, tras el violento asalto en noviembre de 2010 de las fuerzas militares y policiales marroquíes al llamado Campamento de la Dignidad de Gdeim Izik, el Tribunal de Casación de Rabat (Marruecos) ha aceptado la repetición del juicio contra estos defensores saharauis de los derechos humanos, lo que supone la cancelación de las condenas dictadas en 2013 por un tribunal militar y que oscilaban entre los 20 años de cárcel a la cadena perpetua.
Esta nueva situación, muy a pesar de la actitud y las acciones llevadas a cabo por Marruecos, llega tras años de lucha y trabajo de los activistas saharauis que viven bajo ocupación, de las y los familiares de los presos, de la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental (IAJUWS), de la Campaña Internacional por la Libertad de los Presos Políticos Saharauis, del movimiento de solidaridad con el Pueblo Saharaui (que ha solicitado incluso la intervención de los Relatores Especiales del Sistema de Naciones Unidas a través de CEAS-Sahara), pero sobre todo, se ha llegado a esta situación gracias a la lucha incansable de los propios presos, que han dado nuevas muestras de dignidad y persistencia en la justa defensa de sus derechos.
Juristas internacionales de reconocido prestigio junto a organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch afirmaron desde el principio que el juicio habría debido declararse nulo de pleno derecho, ya que no reunía las garantías recogidas en el derecho internacional: el proceso judicial fue realizado a personas civiles por un tribunal militar y además, tal y como atestiguaron numerosos observadores internacionales, el desarrollo del mismo estuvo plagado de hechos irregulares como el uso de la tortura sistemática para arrancar confesiones a los detenidos, la falta de testigos fidedignos y pruebas fehacientes, incumpliendo así hasta la propia Constitución del Reino de Marruecos.
Además, queremos resaltar que cualquier Tribunal con sede en Marruecos es de hecho un TRIBUNAL EXTRATERRITORIAL que carece de competencia para enjuiciar los hechos y actos producidos fuera del territorio del Reino de Marruecos, INCOMPETENTE de conformidad con las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (pues estos hechos se circunscribieron al Sáhara Occidental, territorio no autónomo, ocupado ilegalmente por Marruecos, y por tanto, fuera de la soberanía, competencia y jurisdicción de cualquier Tribunal marroquí), convirtiendo todo el proceso en NULO DE PLENO DERECHO.
En definitiva, más allá de maniobras jurídicas que puedan aliviar el sufrimiento de los presos políticos es urgente que el Reino de Marruecos acabe con la ocupación por la fuerza del territorio del Sahara Occidental y abandone la política de represión permanente e instauración de un estado de sitio y terror, que ha convertido el territorio del Sáhara Occidental en un Guantánamo gigante.
Exigimos por tanto la libertad para todos los presos políticos saharauis y la celebración de un referéndum de autodeterminación que asegure la expresión libre y auténtica de la voluntad del Pueblo Saharaui.
CEAS-Sáhara Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sahara
Miembro de la Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
(Entidad con Estauto Consultivo Especial ante el ECOSOC de Naciones Unidas)