Autor en Andalucia Información
Daniel Barea
PROVINCIA DE CÁDIZ
Publicado: 02/01/2021 · 09:44
Actualizado: 02/01/2021 · 09:44
La Federación Andaluza de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (Fandas) comunicó el miércoles pasado por medio de su perfil en Facebook que la Junta de Andalucía ha concedido una subvención de casi 30.000 euros para la rehabilitación de infraestructuras escolares, dotar de equipamientos a los comedores, adquirir material sanitario contra el Covid-19 y diseñar e imprimir carteles preventivos contra las minas antipersonas en los territorios liberados. La presidenta de la entidad, Gely Ariza, muestra su contento. “Es un salto de calidad” en cuanto al apoyo insititucional a la línea de cooperación necesaria, más aún, subraya en conversación telefónica, ante la delicada situación por la pandemia, que ha obligado a suspender el programa Vacaciones en Paz, del que se benefician los niños, este año y previsiblemente el próximo, y ante la escalada de tensión en la zona. Pero advierte de que “la situación no se soluciona con lentejas, es una cuestión política que se soluciona con un referéndum libre, justo e impacial sobre la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental”.
El pasado 13 de noviembre, el Ejército de Marruecos penetró en la zona desmilitarizada del Guerguerat, en el sur, para expulsar a 50 civiles saharauis que mantenían bloqueada la carretera de acceso a Mauritania desde el 21 de octubre. El Frente Polisario respondió con un intercambio de disparos y dio por roto el alto al fuego decretado por Naciones Unidas, vigente desde 1991. Un mes después, el presidente de EEUU, Donald Trump, reconoció la soberanía marroquí sobre los territorios ocupados y los gobiernos español y alauí aplazaron la Reunión de Alto Nivel (RAN) prevista para el pasado 17 de diciembre. Pedro Sánchez ha negado que el encuentro bilateral se haya pospuesto por el conflicto y reiteró que la posición al respecto no ha cambiado en los dos años que lleva en Moncloa: respeto a la legalidad internacional y las resoluciones de Naciones Unidas.
Pero no es suficiente. Ariza pide más implicación política. “España tiene aún responsabilidad sobre el Sáhara Occidenal”, remarca. “El proceso de descolonización no está finalizado”, agrega, al tiempo que advierte de que la inacción política durante casi cuatro décadas ha llevado a que el problema, lejos de solucionarse, se haya convertido “en una auténtica bomba”.
En este sentido, confía en conseguir que la Cámara autonómica se posicione a favor del referéndum de autodeterminación con una declaración institucional del Intergrupo del Parlamento andaluz “Paz en el Sahara” y redoblará los esfuerzos para que ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones aprueben mociones en la misma línea. Por el momento, casi el 25% de las entidades locales de la región han debatido al respecto, “un trabajo sordo, que puede parecer pequeñito”, pero que es fundamental para que la reivindicación no caiga en el olvido.
Cuestión de suma importancia porque el lobby pro marroquí es muy potente. En el escenario internacional, gana la partida diplomática. En el ámbito doméstico, también. La inmigración ilegal y los acuerdos de pesca “son armas en una guerra no convencional donde el papel de los medios de comunicación, las redes sociales y la economía juegan un papel clave”. Ariza habla abiertamente de “chantaje” al referirse al flujo de pateras porque “Marruecos conoce las debilidades de Europa y aprovecha las fronteras abiertas”. En cuanto a la explotación de los caladeros, el Parlamento Europeo alcanzó en 2018 un acuerdo de pesca con Rabat que incluyó al Sáhara Occidental y abrió una batalla legal que aún colea. “Puede parecer que ganamos hoy unos euros con este tipo de acuerdos, pero a la larga perdemos todos”, subraya. Y pregunta, finalmente, “¿hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que una potencia ocupante expolie los recursos naturales de un pueblo que espera su independencia desde 1973?”.
45 años sin solución
En noviembre de 1975, el rey Hassan II impulsó la Marcha Verde, movilizando a 530.000 marroquíes hacia el Sáhara Occidental. España cedió entonces el norte y centro a Rabat y el sur a Mauritania. El Frente Polisario, que reclamaba la independencia desde 1973, declaró la guerra y decenas de miles de saharuis se exiliaron a campamentos en Tinduf, Argelia. Naciones Unidas amparó un alto el fuego en 1991 y creó la misión para el referéndum que sigue pendiente.