Túnez, 17/07/2017 (SPS)- La organización internacional, Human Rights Watch (HRW), exigió a las autoridades judiciales marroquíes no basar sus sentencias judiciales contra los presos del campamento Gdeim Izik, en las declaraciones extraídas mediante la tortura y los malos tratos.
La directora del departamento del Norte de África y Medio Oriente en HRW, expresó claramente que "Marruecos tiene que evitar condenar cualquier persona en base de pruebas obtenidas bajo tortura".
El comunicado de la organización afirmó que "en noviembre de 2010, las autoridades marroquíes intervinieron violentamente con el fin de desmantelar el campamento de protesta "Gdeim Izik", compuesto por alrededor de 20 mil saharauis defensores de sus derechos económicos, políticos, culturales y sociales y sobre todos su derecho en la autodeterminación y la libre decisión sobre sus recursos naturales. En 2013 un tribunal militar marroquíes selló sentencias de cadena perpetua y 20 años contra militantes políticos saharauis. Lo cual, viola el derecho internacional ya que no se puede enjuiciar a civiles ante un tribunal militar. Posterior al brutal e inhumana forma de desmantelar el campamento, los acusados saharauis, sufrieron 27 meses de detención preventiva", establece el comunicado.
El comunicado agrega que en el pasado 27 de junio, el tribunal de apelación, decidió anular las sentencias, después de la presión de las organizaciones internacionales y los activistas de derechos humanos.
Posteriormente, el caso se trasladó al tribunal de casación de Rabat, con el fin de reanudarlo con los exámenes forenses de 21 acusado por las denuncias de tortura durante su detención. "Se efectuó el examen forense después de 7 años de su detención", aclara la nota de HRW.
HRW y Amnistía Internacional, recogieron en sus informes y en base de informes de forenses que "los activistas saharauis, sufrieron tortura y violación sexual" y, aniñaden que "las declaraciones extraídas por tortura y presión, no es aceptable según el derecho procesal. Aún así, los tribunales marroquíes, se basan con frecuencia en pruebas obtenidas mediante la violencia".
Finalmente, el Comité anti Tortura, concluyó que "Marruecos violó los derechos recogidos en la Convención anti Tortura, de uno de los acusados, Nema Asfari". Dicho Comité, respondió una denuncia de Asfari, y sentenció que "las autoridades marroquíes no investigaron las denuncias por malos tratos y zanjó que el tribunal militar condenó Asfari en función de las declaraciones obtenidas por violencia". (SPS)
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