Por Beatriz Asuar Gallego Fuente: lahaine.org
Vulneraciones de derechos humanos durante el desalojo del campamento Gdeim Izik. 20 presos políticos aún encarcelados tras el desmantelamiento
El pasado 8 de noviembre se cumplieron siete años de una de las noches más largas y represivas para el pueblo saharaui: el desmantelamiento del campamento político y social del Gdeim Izik. Fuerzas marroquíes entraron a sangre y fuego en el también conocido como campamento de la Dignidad, a 14 kilómetros de El Aaiún, una de las formas de resistencia frente a la ocupación marroquí. Cientos de saharauis fueron detenidos, maltratados y torturados durante el desalojo. En las semanas posteriores continuó la violencia con detenciones selectivas y arbitrarias.
Todavía, a día de hoy, siguen 20 activistas saharauis en prisión con condenas de más de 25 años.
El Parlamento Europeo acogió a primeros de diciembre unas jornadas en las que se han expuesto los casos de los 20 presos políticos así como las diferentes violaciones de derechos humanos durante sus procesos judiciales y en sus estancias en las cárceles marroquíes. Paloma López, eurodiputada de Izquierda Unida, ha presentado las jornadas que han contado con especialistas de diferentes campos y que han explicado, de primera mano, qué ocurrió en el Gdeim Izik.
"No hay más alternativa que la autodeterminación", gritaban las familias saharauis en el campamento reclamando la lucha por la liberación del pueblo y contra la violencia de Marruecos. Sin embargo, aunque se lleva años denunciando la represión y la violación de derechos parece que nada, o muy poco, ha cambiado. Uno de los motivos quizás sea el que explica Hassanna Aalia: "El bloqueo informativo que Marruecos ejerce hace que no se pueda documentar lo que ocurre en la zona ocupada". Ante esto, 69 observadores internacionales de nueve nacionalidades distintas han visitado Marruecos para conocer la realidad.
¿Por qué presos políticos?
Rosario García Díaz, directora de la Fundación Sáhara Occidental y observadora internacional, presenta el informe de los especialistas y observadores. El principal reclamo está bien claro: la liberación de los presos políticos del Gdeim Izik.
Según los observadores los 20 detenidos deben ser liberados ya que su encarcelamiento se debe a motivos políticos: "Si dicen lo que Marruecos quiere escuchar, ellos saldrían. Las detenciones ya fueron estudiadas antes del desalojo. De hecho, hay dos que fueron detenidos antes del desalojo. No están ahí al azar. No son criminales, son cargos importantes de organizaciones de derechos humanos y de la organización del campamento", explica la directora. Y no solo las detenciones lo demuestran, también los procesos judiciales por los que fueron finalmente condenados el pasado julio.
Juicios civiles y militares
Ingrid Metton es abogada de uno de los condenados, Ashmad Farik, desde hace más de tres años. Desde entonces solo se ha podido reunir una vez con él, entre la policía marroquí. "Los juicios han sido una completa farsa", denuncia la abogada. Explica que durante el proceso las acusaciones han ido cambiando: no se sabe a ciencia cierta el número de supuestos policías asesinados por los que son acusados, de hecho, no se sabe ni donde están esos cuerpos. Los propios abogados fueron expulsados del juicio y las declaraciones de los detenidos fueron conseguidas bajo tortura, por lo que no deberían contar para juicio.
Ana Flores, experta forense, cuenta que en el juicio militar de 2013 ni siquiera aparecieron los informes de las autopsias de los 11 policías militares que dicen que fueron asesinados. Meses después, aparecieron nueve informes de "mal-autopsias" señala la forense: "No hicieron primeras identificaciones delante de especialistas y no hay fotografías para documentar. No existen datos del levantamiento de cadáveres por lo que no hay indicios ni pruebas. Hay muchas incongruencias: firma de médicos de hospitales diferentes, ni se identifica el tipo de la muerte, la causa de ella o la fecha".
Estas son sólo algunas de las denuncias de las expertas, algunas de las que también se recogen en el informe de los observadores y en el que coinciden en la falta de garantías procesales y en la vulneración del derecho internacional durante todos los juicios.
Torturas y detenciones incomunicadas
Mientras no llega la liberación, tienen claro el otro aspecto que reclamar: mejorar las condiciones de los presos en las cárceles marroquíes. Los detenidos han estado en huelga de hambre en varias ocasiones como forma de protesta por sus encarcelamientos. Dos de ellos están en estado de salud gravísimos por el largo tiempo que llevan en esta condición, explica el abogado y miembro de la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España, Sidi Talebbuuia. Pero, como subraya, no reciben asistencia sanitaria. Tampoco quienes tienen enfermedades por otros motivos, que ni siquiera reciben los medicamentos necesarios.
Respecto a las cárceles, los detenidos están dispersos por siete prisiones distintas. Algunas se llegan a encontrar a 1.000 kilómetros de distancia de sus casas. Y las condiciones en la que viven son infrahumanas: celdas sucias entre cucarachas, alimentación muy escasa y casi sin tiempo de patio.
Claude Magin y su marido Naama Asfari, preso del Gdeim Izik, son el claro ejemplo de las violaciones de Marruecos durante las detenciones de los saharauis. Magin explica que la detención de Asfari fue un claro ejemplo de caso represivo: los familiares no supieron nada de él durante cinco días, en los que ni siquiera los abogados consiguieron hablar con él. Cuando lo encontraron, estaba lleno de moretones y había sido brutalmente torturado.
"Presenté y denuncie ante el comité de la tortura. Este denunció a Marruecos, pero Marruecos no lo aceptó." A partir de aquí, prohibieron a Magin la entrada no sólo a prisión, también a Marruecos, prohibiendo así al preso Asfari ver a su mujer. "Mi lucha no es la lucha por ver a mi marido. Es la lucha por todo el pueblo saharaui", señala Magin. Y es que todos los activistas y expertos dicen haber probado lo mismo: la represión y las detenciones a estos presos viene por la lucha de liberación del Sáhara frente a la ocupación marroquí. Por ello insisten en que se les reconozcan como presos políticos y en que no se han dado condiciones mínimas para que los juicios se consideren válidos.