Espacios Europeos publica la carta de Luis Portillo Pasqual del Riquelme dirigida al diario La Provincia de Las Palmas de Gran Canaria, en relación a una noticia publicada por ese diario en la que se daba cuenta de un acto organizado por la Cámara de Comercio de esa provincia.
La carta reza así:
En relación con la noticia publicada en ese periódico, el 4 de mayo de 2018, con el título ““Marruecos busca inversores para la‘Perla del Sáhara’[OCCIDENTAL]”, http://www.laprovincia.es/economia/2018/05/04/marruecos-busca-inversore…, deseo manifestar lo siguiente:
La jornada de promoción de negocios en la ciudad ocupada de Dajla (Sáhara Occidental), celebrada el pasado 4 de mayo en la Cámara de Comercio de Gran Canaria, es un acto contrario a la legalidad internacional.
El 21 de diciembre de 2016, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) dictó una sentencia en la que establecía que Marruecos y el Sáhara Occidental son territorios “distintos y separados”. Algo que ya había dejado claro el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya en 1975.
Conforme al mencionado fallo del TJUE, el único título de Marruecos en el Sáhara Occidental, en términos de Derecho Internacional, es el de potencia ocupante, por lo que la actitud de la Cámara de Comercio de promocionar la inversión en los territorios ocupados es de una absoluta irresponsabilidad.
Esa actitud de la Cámara de Comercio de Gran Canaria contrasta claramente con la posición del propio exministro de Asuntos Exteriores, Sr. D. José Manuel García Margallo, quien hace muy poco recordaba públicamente que el Sáhara Occidental es un territorio pendiente de descolonización y que la sentencia de la UE genera una “alta incertidumbre” en las inversiones que se lleven a cabo en dicho territorio.
Corresponde al Frente Polisario, y no a Marruecos, autorizar el aprovechamiento de los recursos del Sáhara Occidental. Y, hasta donde yo sé, el F. Polisario no ha dado su permiso para impulsar inversiones extranjeras en Dajla ni en ninguna otra parte del territorio saharaui ocupado por Marruecos.
Por consiguiente, y conforme a la legalidad vigente, la Cámara de Comercio de Gran Canaria y la Consejería de Comercio del Gobierno canario deberían abstenerse de utilizar recursos públicos, en cualquiera de los elementos que integran tales recursos, para promover actividades contrarias a Derecho.
Atentamente,
Luis Portillo Pasqual del Riquelme