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Por Luis Portillo Pasqual del Riquelme
Un día sí y otro también nos desayunamos con la fatídica noticia de la llegada de pateras a las costas españolas procedentes de Marruecos, frecuentemente de las proximidades de Nador y con el resultado de ahogados y desaparecidos. Según informa el diario El País (20/12/2018), en lo que va de año han arribado al puerto de Almería nada menos que 450 pateras (¡!) con 12.000 inmigrantes; y a las costas españolas, un total “contabilizado” de 55.000 inmigrantes y otros 744 muertos en el intento.
Todos sabemos que la inmigración es un problema complejo para el que se requieren diagnósticos y soluciones serias y globales, no paños calientes ni simples medidas cortoplacistas o electoralistas. Pero lo que resulta intolerable, y hay que decirlo bien alto, es la criminalidad encubierta del permanente chantaje marroquí. Que a los vigilantes del Makhzen se les puedan “escapar” una o dos pateras, cabe admitirlo, aunque sea con reticencia. Pero que, con los recursos tecnológicos de que dispone el régimen alauita (incluidos dos satélites propios), haya una sistemática avalancha cotidiana, desde puntos bien concretos de sus costas, de embarcaciones abarrotadas de personas, solo pone de manifiesto las aviesas intenciones chantajistas de ese régimen, cuya finalidad es presionar a España y a Europa para que cedan a sus irredentas pretensiones de anexionarse ilegal e ilegítimamente el territorio no autónomo del Sáhara Occidental y consientan su impunidad frente a la violación flagrante de la legalidad internacional.
Resulta incomprensible que el régimen marroquí haya construido un Muro de 2.700 kilómetros para no dejar pasar a un solo saharaui (¡en su propia tierra!) y, sin embargo, sea incapaz de cortar de raíz la salida de pateras desde Nador u otras localidades marroquíes, evitando con ello tanta muerte de inocentes. Asimismo, los ingentes recursos –incluyendo su Ejército y otras fuerzas de ocupación- que utiliza para controlar ilegalmente los territorios ocupados del Sáhara Occidental y dividir e incomunicar al pueblo saharaui, podría emplearlos mejor para educar al pueblo marroquí y dar un empleo digno a sus jóvenes, de manera que no se vieran obligados (y alentados) a intentar alcanzar las costas españolas o perecer en el intento. Es una política criminal, sin paliativos, que requiere la denuncia y la condena públicas.