Contramutis / hace 2 horas
El Movimiento por los Presos Políticos Saharauis destaca la diferencia con la que actuó en su día el ejército saharaui con los presos marroquíes y el comportamiento cruel e inhumano de Marruecos con los reclusos saharauis.
La cooperante catalana Núria Bota, expulsada del Sáhara Occidental, denuncia la violación de los Derechos Humanos por Marruecos y la alta de implicación del Gobierno de España, potencia administradora del territorio.
Contramutis.-
El ejército saharaui entregó en su día a Marruecos a más de 2.100 prisioneros de guerra, que fueron tratados correctamente durante sus años de cautiverio y se permitieron visitas periódicas de la Cruz Roja, lo que contrasta con el trato “cruel e inhumano” de las autoridades marroquíes a los presos políticos saharauis, lo que supone un ensañamiento y una violación constante de los Derechos Humanos.
Estas consideraciones se la hace al ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel Albares, el Movimiento por los Presos Políticos Saharauis (MPPS)con motivo de la concentración que realiza todos los lunes ante el MAEC, en la plaza de la Provincia de Madrid, por la liberación de las presos políticos saharauis en cárceles marroquíes, manifestación que el 27 de febrero próximo cumplirá dos años
En una carta al ministro Albares, el miembro del MPPS Luis Portillo Pasqual del Riquelme cita que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó en una comparecencia junto al primer ministro de Eslovenia que cuando hay un agresor y un agredido no puede haber equidistancia, sino que hay que estar con el agredido. “Nos preguntamos –manifiesta– si para Pedro Sánchez hay agredidos de primera y agredidos de segunda, a la vista de su política de sumisión a Marruecos y de blanqueo de la ocupación armada del Sáhara Occidental”.
El MPPS recuerda que ya planteó si para el Ministerio de Exteriores hay unos presos políticos de primera y otros de segunda, y se congratuló del ofrecimiento de la nacionalidad española a los presos políticos nicaragüenses liberados por el presidente Daniel Ortega y solicitó una medida similar para los presos políticos saharauis.
El MPPS dijo en otra carta que la liberación de los presos políticos nicaragüenses debía mostrar el camino para liberar también a los presos políticos saharauis en cárceles marroquíes”, y denunció “el trato cruel e inhumano de las autoridades marroquíes para con los presos saharauis, un ensañamiento y una violación constante de los Derechos Humanos, consecuencia estructural de la ocupación”.
Luis Portillo menciona que el Frente Polisario dio prueba de buena voluntad “entregando a Marruecos a más de 2.100 prisioneros de guerra (humillados y no reconocidos en su propio país), un hecho que se ha olvidado rápida e interesadamente, pero que supuso una apuesta por la paz y el diálogo”, un gesto muy valiente y un desafío político de envergadura del que se esperaba que tuviera una hipotética respuesta «positiva y rápida» del Gobierno marroquí”.
“La liberación de esos prisioneros marroquíes -señala- era una condición de la ONU para desbloquear la convocatoria de un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental. Como todo el mundo sabe, ese prometido referéndum sigue sin llevarse a cabo”.
Continua que a diferencia del maltrato que Marruecos dispensa hoy en sus cárceles a los presos saharauis, los prisioneros marroquíes “fueron tratados correctamente durante sus años de cautiverio, y se permitieron las visitas periódicas de la Cruz Roja, lo que les facilitó el contacto con sus familiares, en contraste con las trabas que pone hoy el régimen marroquí a los familiares de los presos saharauis”.
“Consideramos que el ministro español de Exteriores podría dignarse a recordar estos hechos a las autoridades marroquíes en los frecuentes contactos de su indecente luna de miel”, apunta el miembro del MPPS.
Subraya que “el origen y causa última de la existencia de presos políticos saharauis en cárceles marroquíes es el crimen internacional perpetrado por el régimen alauita al invadir a sangre y fuego el Sáhara Occidental y ocupar militarmente la mayor parte de ese territorio no autónomo, convertido para los saharauis en una cárcel a cielo abierto”.
Expulsada del Sáhara Occidental una cooperante catalana
A las denuncias hechas hasta ahora, el MPPS añade un nuevo caso de agresión, en esta ocasión contra el preso político saharaui Mohamed Bani en la cárcel marroquí de Ait Melloul 2, que forma parte de una campaña deliberada de malos tratos de la Administración Penitenciaria contra los presos políticos saharauis del grupo Gdem Izik, “tras las numerosas denuncias presentadas por estos sobre las condiciones de encarcelamiento y la política de restricciones a que están sometidos”.
Una política represiva que, señala al ministro, continúa: El pasado 16 de febrero la catalana Núria Bota, miembro de la ONG Una Finestra al Món (UFM), fue expulsada del Sáhara Occidental cuando se disponía a visitar la ciudad ocupada de El Aaiún. Durante días fue vigilada y perseguida hasta que la expulsaron y trasladaron a la fuerza hasta Agadir.
Nuria Bota, maestra de una escuela pública de Tarragona que colabora en proyectos con el pueblo saharaui, ha relatado que viajó desde Mauritania hasta Dajla, en el Sáhara Occidental, y que después de tres días de vigilancia constante por parte de la policía marroquí llegó a las puertas de El Aaiún: “En en un control anterior a la ciudad nos pusieron en un taxi con un policía dentro y nos llevaron a Agadir”, donde tampoco cesó la vigilancia durante tres días y, al final, cogió un vuelo a Canarias.
La cooperante ha denunciado las violaciones constantes de los Derechos Humanos que vive la población saharaui en los territorios ocupados y la poca implicación del Gobierno de España, siendo el responsable de este conflicto al ser la potencia administradora del territorio, que todavía está pendiente de descolonizar. “Quiero dar voz e invitar a todo el mundo a hablar y dejar de silenciar este conflicto”, ha dicho.
Desde la organización UFM han denunciado la impunidad con que Marruecos actúa contra activistas, defensores de Derechos Humanos, observadores internacionales y otras personas, señalando que la expulsión es una muestra más del bloqueo existente para saber qué sucede realmente en el Sáhara Occidental ocupado y que no se puedan documentar las permanentes violaciones de los Derechos Humanos de la población saharaui.