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Hussein Bachir Amadour, el preso político saharaui que España entregó a Marruecos, lleva más de un mes en huelga de hambre para reivindicar el trasladado a una cárcel cercana a donde reside su familia y la respuesta ha sido enviarle a otra prisión más alejada, al doble de distancia.
Hussein se encuentra en huelga de hambre desde el 20 de febrero en la cárcel de Ait Melloul 1, en Agadir (Marruecos) como protesta por las condiciones de reclusión que padece, como incomunicación, falta de asistencia médica y lejanía de su familia, que reside en Tan-Tan, a 330 kilómetros.
El 23 de marzo las autoridades penitenciaras marroquíes enviaron al preso saharaui a la prisión central Moul Al-Bargu, en la localidad marroquí de Safi, a 640 kilómetros de su familia. Ese día por la tarde la defensora saharaui de Derechos Humanos Soukina Bachir recibió una breve llamada telefónica de su hermano en la que informó de que había sido trasladado y que continuaba la huelga de hambre.
El objetivo del traslado, informa PUSL, es evitar nuevas muestras de apoyo de la familia y de amigos y familiares de otros presos ante la cárcel de Ait Melloul y que sufrieron agresiones de las fuerzas de seguridad marroquíes, causando varios heridos.
Según la ONG saharaui CODESA, con el traslado las autoridades marroquíes han agravado los sufrimientos de la familia, en particular la salud de su madre, Ragheya Semlali Daid, de 65 años, que padece una insuficiencia renal permanente.
La salud del preso saharaui, que no recibe atención sanitaria, se encuentra muy deteriorada y la familia ha presentado una denuncia para que se le realice un examen médico.
El estudiante universitario Hussein Bachir fue entregado por el Ministerio del Interior a Marruecos a pesar de que pidió asilo en España. Llegó en patera a la isla de Lanzarote el 11 de enero de 2019 huyendo de la policía marroquí por su activismo en defensa de la autodeterminación del pueblo saharaui. Tres días después compareció en el juez de instrucción número 4 de Arrecife, que ordenó su ingreso en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Hoya Fría (Tenerife), pero el 17 de enero fue entregado a la policía marroquí por funcionarios del Ministerio del Interior.
En noviembre de 2019 fue condenado a 12 años de cárcel, acusado de formar parte del grupo de estudiantes saharauis “El Luali” y participar en el asesinato de un joven marroquí. Según su defensa, la única prueba que se presentó fue un atestado policial sin firma con declaraciones auto inculpatorias, que Hussein Bachir negó haber hecho. Los abogados Pablo Gutiérrez Vega y Ana Sebastián Gascón, observadores del Consejo General de la Abogacía Española, declararon que la Fiscalía no presentó ni una sola prueba.