Washington 05/11/2015 (SPS) -Cuatro organizaciones de derechos humanos pidieron hoy jueves la puesta en libertad de los 21 presos saharauis condenados a largas penas de prisión, a raíz del movimiento de protesta de Gdeim Izik en 2010 en la ciudad ocupada de El Aaiun, así como investigar todas las denuncias de tortura.
El llamamiento ha sido lanzado por Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura y la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves de los Derechos Humanos, según un comunicado emitido por HRW
En noviembre de 2010, las fuerzas de seguridad marroquíes desmantelaron el campamento de protesta saharaui montado por un mes en Gdeim Izik, en el Sáhara Occidental ocupado, recordaron estas ONG, citando las grandes manifestaciones que tuvieron lugar en la ciudad ocupada de El-Aaiun.
Un tribunal militar marroquí condenó el 17 de febrero 2013, en un juicio injusto marcado por graves irregularidades, a 25 hombres entre los que se encontraban los activistas de derechos humanos por su presunta participación en los hechos.
“Las desconsoladas familias de las víctimas que perdieron la vida en noviembre de 2010 tienen derecho a que se haga justicia”, dijo Sarah Leah Whitson, directora de Oriente Medio y Norte de África para Human Rights Watch. “Sin embargo, la justicia no se consigue encerrando a un grupo de saharauis después de un veredicto de culpabilidad por un tribunal militar, basado en confesiones presuntamente obtenidas bajo coacción o tortura, sin ninguna otra evidencia que los vincule a esos homicidios”, añade.
Dos de los 25 presos fueron condenados a tiempo cumplido y puestos en libertad, un tercero fue condenado en ausencia y un cuarto fue puesto en libertad provisional por motivos de salud. Los 21 restantes siguen cumpliendo penas de cárcel de entre 20 años y cadena perpetua.
Para llegar a su veredicto, el tribunal se basó casi exclusivamente en las declaraciones de los acusados, sin investigar las alegaciones de los demandados de que la policía los había torturado para que firmaran declaraciones falsas.
Peor aún, la fiscalía no presentó testigos y sin pruebas materiales para establecer de manera decisiva un vínculo entre el acusado y el homicidio, el contenido para producir ante el tribunal que las armas de la policía supuestamente incautaron en el Gdeim Izik sin vincular estas armas y los acusados fuera de sus "confesiones" obtenidas bajo tortura, denuncian estas organizaciones de derechos humanos.
Los 21 acusados se encuentran en la prisión de Salé, a 1.200 kilómetros de sus familias, en el Sáhara Occidental. Entre ellos figuran Naâma Asfari, Ahmed Sbaï y Mohamed Tahlil, miembros de organizaciones de derechos humanos del Sáhara Occidental
Cuando finalmente comenzó el juicio, 27 meses después de los hechos, todos los acusados negaron los cargos. Muchos reiteraron que habían sido torturados y obligados a firmar sus declaraciones en las que se incriminaban falsamente a sí mismos.
La fiscalía no presentó testigos ni pruebas materiales que vincularan de manera convincente a los acusados a las muertes. La acusación mostró a la corte las armas que la policía supuestamente incautó en el campamento, pero no hay evidencias que las ligaran a los acusados a excepción de sus “confesiones”. El tribunal rechazó las peticiones de la defensa para llevar a cabo pruebas de ADN con las armas para ver si eso las relacionaba con los acusados.
El tribunal también rechazó las solicitudes de la defensa para citar a declarar a los agentes de la policía que grabaron las “confesiones” de los acusados. Ningún informe de autopsia fue presentado en el juicio para dilucidar cómo y cuándo habían muerto cada uno de los agentes de las fuerzas de seguridad.
Juzgar a civiles en tribunales militares viola las normas internacionales de derechos humanos, dijeron las organizaciones. Por otra parte, la legislación marroquí niega a los acusados en juicios militares un proceso de apelación completo, como el que tendrían en un tribunal civil. Los acusados en juicios militares sólo pueden apelar ante la Corte de Casación, que revisa los errores de procedimiento, jurisdicción, abuso de poder y aplicación de la ley.
El Tribunal de Casación marroqui recibió la petición de los acusados de Gdeim Izik en marzo de 2013, pero no se ha pronunciado al respecto. Subraya el comunicado (SPS)
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