Quito (Ecuador), 26 de septiembre de 2024 (SPS) – Veintiocho organizaciones de amistad y solidaridad con el pueblo saharaui, integrantes de la Plataforma Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con el Pueblo Saharaui (PLACSO), así como organizaciones de derechos humanos de catorce países de América Latina y el Caribe, llamaron la atención de nueve procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el “modus operandi” del Ministerio del Interior español en el Aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez, que deniega sistemáticamente las solicitudes de protección internacional de decenas de saharauis que se encuentran en la sala de inadmitidos, sujetos a deportación.
Las organizaciones han expresado su preocupación porque a quienes se les habría denegado sus solicitudes de asilo y apatridia, tienen como antecedente común la imposición reiterada, por parte de las autoridades del Interior, de abogados y traductores de origen marroquí, quienes hablan en dialecto dariya y no hasanía que es el dialecto característico del pueblo saharaui, procedimiento que atenta contra el derecho al debido proceso garantizado por las normas constitucionales y la legislación española.
Recuerdan en su pronunciamiento internacional que Francisco Fernández Marugán, Defensor del Pueblo (2017-2021), en una resolución dirigida a la Dirección General de Política Interior del Ministerio del Interior, recomendó que “en las solicitudes de protección internacional presentadas en frontera por saharauis, se solicite la asistencia de intérpretes de hasanía y, en todo caso, se evite la asistencia de intérpretes marroquíes”.
Y mencionan varios casos específicos como el de Iluass Maayouf, un joven de 19 años, Hammoud Ali, otro joven de 30 años, sordo y enfermo de cáncer, y una pareja con una niña de año y medio. La madre de esta niña, Rbab al Tarad Yahi, de 27 años, sufrió un aborto la semana pasada mientras permanecía separada de su esposo, Mohamed Ali Mohamed Slimani, en la sala de inadmitidos del aeropuerto.
También han expresado su inquietud por las condiciones antihigiénicas, insalubres y de hacinamiento en esta sala en Barajas, que incluso ha motivado una serie de recomendaciones, por parte del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo Pujol.
De manera adicional, se han hecho eco de la carta suscrita por los europarlamentarios Estrella Galán, Jaume Asens y Vicent Marzà, enviada al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que afirman que "la devolución de estos ciudadanos saharauis podría constituir una posible violación del derecho internacional, del principio de no devolución, de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y del derecho de acceso al asilo, incluyendo la Directiva 2013/32/UE, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional".
Las organizaciones han solicitado a los relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que demande al Estado español la interrupción indefinida de todas las deportaciones en curso de personas de origen saharaui a territorio marroquí, primero, por todas las afectaciones al debido proceso, segundo, por la inexistente imparcialidad jurídica en este tipo de procesos y, tercero, por los temores fundados sobre la falta de garantías para que se respete la vida e integridad personal de las personas solicitantes de asilo y apatridia, cuyas solicitudes han sido denegadas y serían deportadas.
Y, por último, han pedido a los relatores especiales que expresen su preocupación por el actual “status quo” del Sáhara Occidental, en el que persiste un proceso de descolonización inconcluso, con las consecuencias que una ocupación y colonización de esta naturaleza provoca en la población civil, sin que se garantice su derecho a la libre determinación, pilar fundacional de la Carta de las Naciones Unidas y la Carta Internacional de Derechos Humanos.
Los relatores especiales que han recibido el pronunciamiento internacional de PLACSO son: Irene Khan, promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Gina Romero, derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Tlaleng Mofokeng, derecho a la salud física y mental; Mary Lawlor, situación de los defensores de derechos humanos; Francisco Cali Tzay, derechos de los pueblos indígenas; Cecilia M. Bailliet, derechos humanos y solidaridad internacional; Gehad Madi, derechos humanos de los migrantes; Ashwini K.P., formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, y Alice Jill Edwards, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. (SPS)