Madrid , 12/04/2016 (SPS)- La Asociación Internacional de Juristas por el Sahara Occidental ( IAJUWS) por sus siglas en ingles, ha enviado una carta al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, con motivo de la expulsión de la delegación internacional de juristas que se interesaban por el estado de los presos políticos saharauis del Grupo Gdeim Izik, en huelga de hambre en la cárcel de Salé, en Rabat.
Texto completo de la carta:
A Su Excelencia
Señor BAN KI-MOON
Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas
El objeto de la presente es comunicarle la expulsión de Rabat, por parte del gobierno de Marruecos de una Delegación Internacional de Juristas que se desplazó a aquella ciudad en misión de observación jurídica, y preocupación por el estado de reclusión de los presos políticos saharauis en la cárcel de Sale (Rabat)
La Delegación Internacional compuestas por cinco juristas españoles -cuatro abogados y un magistrado- dos juristas franceses y un jurista belga, que se desplazó el Miércoles 6 de abril a la ciudad de Rabat con el objeto de hacer seguimiento de la situación penitenciaria y procesal de los presos políticos saharauis condenados por el Tribunal Militar de Marruecos en el mes de Febrero de 2013, por los acontecimientos acaecidos en el desmantelamiento del Campamento de Gdeim Izik por las fuerzas de seguridad marroquíes en el año 2010, y que permanecían en huelga de hambre durante más de treinta días.
La Delegación de Abogados fue detenida de forma arbitraria por la policía marroquí en el hotel, a las tres horas de su llegada a Rabat, fueron conducidos a comisaría y privados del pasaporte, permaneciendo incomunicados durante varias horas, y sometidos a un intenso interrogatorio, para posteriormente bajo estricta “vigilancia policial” ser custodiados en el hotel privados de autonomía de movimiento hasta su expulsión del país.
La expulsión se ejecutó en la mañana del día 07 de abril, bajo estrictas medidas policiales, siendo trasladados por las fuerzas de seguridad al puerto de Tánger y al aeropuerto de Casablanca.
Esta conducta del gobierno del reino de Marruecos, vulnera lo establecido en los “Principios Básicos sobre la Función de los Abogados” en el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba), del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, ONU Doc. A/CONF.144/28/Rev.1 p. 118 (1990).”
Así, se denuncia,
Que el gobierno del reino de Marruecos con su actuación:
➢ Vulnera el ejercicio del derecho de Defensa, el derecho a la libertad de expresión y viola el ejercicio de la labor de los Abogados como defensores y garantes de las personas privadas de libertad, detenidas o presas.
➢ Vulnera la obligación atribuida a los gobierno de garantizar:
a) Que los Abogados puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas;
b) Que los Abogados puedan viajar y comunicarse libremente con sus clientes tanto dentro de su país como en el exterior;
c) que los Abogados no sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole a raíz de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión.
Se denuncia, igualmente
➢ El gobierno del reino de Marruecos procede a identificar a los Abogados con la causa que defienden los presos, incurriendo así el propio gobierno de Marruecos en querer politizar la acción de protección internacional y preocupación de los presos de los Juristas Internacionales.
➢ El gobierno del reino de Marruecos mantiene una actitud de oscurantismo con respecto a sus acciones hacia la población del Sáhara Occidental y su territorio, oponiéndose al control democrático internacional.
➢ El gobierno del reino de Marruecos vulnera, por su no aplicación el IV Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempos de guerra, que se aplica en parte en El Sahara Occidental por estar este territorio ocupado militarmente por Marruecos.
Atentar contra los Abogados es atentar contra el Estado de Derecho y la seguridad de las personas.
Ponemos lo anterior en su conocimiento a los efectos correspondientes, instándole para que efectúe las gestiones pertinentes al objeto de garantizar la estricta y debida aplicación de la legislación internacional con respecto a la población del Territorio No Autónomo del Sáhara Occidental, se garantice la labor de los Juristas Internacionales, y con especial observancia al contenido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
IAJUWS
España, a 10 de abril de 2016.(SPS)
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