Quito (Ecuador), 23 de octubre de 2024 (SPS) – Organizaciones afiliadas a la Plataforma Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con el Pueblo Saharaui (PLACSO) y otras organizaciones sociales y de derechos humanos, cuestionaron la decisión del Gobierno ecuatoriano, a través de una nota oficial, de suspender el “reconocimiento” de la RASD, vigente desde hace 41 años.
Para la PLACSO el contenido de la mencionada nota oficial incurre en un grave error de carácter jurídico, pues según la Convención de Derechos y Deberes de los Estados, suscrita en Montevideo, el 26 de diciembre de 1933: “El reconocimiento de un Estado meramente significa que el que lo reconoce acepta la personalidad del otro con todos los derechos y deberes determinados por el Derecho Internacional. El reconocimiento es incondicional e irrevocable".
Es así como el 14 de noviembre de 1983, el ministro interino de Relaciones Exteriores, Rodrigo Valdés B., informaba al embajador saharaui Omar Mansur, que: El Gobierno del Ecuador, de conformidad con los principios de su política exterior y teniendo presente las respectivas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que reafirman el derecho inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación e independencia y los principios que al respecto inspiran la Carta de las Naciones Unidas, ha resuelto reconocer a la República Árabe Saharaui Democrática como Estado soberano e independiente”.
Entendemos entonces, sostiene PLACSO, que el Gobierno ecuatoriano ha decidido suspender las relaciones diplomáticas con el Gobierno saharaui. Esta es una decisión política que responde a los intereses del Reino de Marruecos y a sus estrategias que pretenden obstaculizar el derecho inalienable a la libre determinación que le asiste al pueblo saharaui, establecido en múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad y no, exclusivamente, en la resolución 2602 (2021), invocada por la ministra Sommerfeld en la nota oficial en mención, han declarado alrededor de cuarenta organizaciones latinoamericanas y caribeñas.
Ecuador como Estado miembro del Comité Especial de Descolonización (C-24), de la Cuarta Comisión Política Especial y de Descolonización de la Asamblea General y, ahora, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, ha tomado una decisión errónea, en contrasentido de la legalidad internacional, bajo el supuesto argumento de acogerse a la resolución 2602 (2021), dejando de lado todo el andamiaje jurídico en torno a la “Cuestión del Sáhara Occidental”, incluida la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia (1975), las múltiples resoluciones de la Unión Africana, de la que la RASD es miembro fundador, y las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha aseverado PLACSO.
Esta decisión política del Gobierno ecuatoriano pone en evidencia la estrecha alianza entre el Reino de Marruecos y su socio político-comercial, el Estado sionista de Israel, con quien el Gobierno ecuatoriano hace negocios y guarda silencio en el Consejo de Seguridad, han dicho las organizaciones.
Finalmente, declararon que como Plataforma Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con el Pueblo Saharaui (PLACSO) y otras organizaciones sociales y de derechos humanos, expresan al Gobierno saharaui, a su vanguardia política, el Frente POLISARIO, a las organizaciones de masas y al pueblo saharaui en general, toda la solidaridad y el apoyo en sus legítimas reivindicaciones hasta poner término a la ocupación marroquí de su territorio nacional y alcanzar la plena independencia y soberanía. (SPS)